Hace dos años, cuando Alexandra Orrego (56) hizo su transición, se enfermó. Un problema en la médula ósea, “de la familia de la leucemia” –según cuenta–, le ha hecho mirar la vida desde otro lugar; poner urgencia en aquellas cosas que quiere presenciar, porque ya no tiene las mismas expectativas de estar mucho tiempo más. Y entre lo que sí o sí le gustaría alcanzar a ver, está el resultado de una lucha que viene dando desde 1991, cuando por primera vez tomó –en ese entonces como estudiante de derecho– el caso de la deuda histórica de los profesores.

“En esos años comencé a trabajar con diversos abogados y llegué casualmente a este caso. Recuerdo que la gente estaba esperando que se hiciera algo, porque se había terminado la dictadura y entonces aparecía la posibilidad de los profesores de, por fin, recuperar algo de lo que se les adeudaba. Habían intentado hacer algo desde el Colegio de Profesores, pero no se había concretado, porque además era difícil. Hay que pensar que partimos con esto hace treinta años, en ese tiempo el sistema judicial era distinto”, cuenta.

La Deuda Histórica surge por el desconocimiento por parte del Estado al reajuste salarial, que desde 1981 deberían haber recibido los profesores por concepto del Decreto Ley 3551, que estableció una alza de hasta un 90% del sueldo base para todos los funcionarios públicos. “Lo que ocurrió es que con el paso del tiempo se fue complicando la situación económica del país y el Estado, de manera engañosa, dictó una normativa que excluyó los beneficios a las personas del sector privado, y como en ese período los establecimientos educacionales fueron traspasados del Ministerio de Educación a las municipalidades, los profesores que tenían incorporadas esas asignaciones, las perdieron”, explica.

Desde entonces, Alexandra tomó esto como una causa personal. Tanto así que postergó el término de sus estudios, porque reconoce que pasó de trabajar diez horas a la semana, a estar 24/7 dedicada a esto. “Cambié mi vida por luchar por esta deuda, porque finalmente más que un caso, para mí esto implica el reconocimiento de un derecho. Porque además con los profesores comencé a construir una relación cercana, me comprometí con ellos con el corazón”, confiesa.

El 2004 llegó a trabajar con los abogados Ciro Colombara y Giampiero Fava y con ellos logró lo que hasta hoy reconoce como el mayor avance en este tema. “Nos embarcamos en un juicio de derechos humanos y llegamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí lo que peleamos fue el incumplimiento por parte del Estado de trece sentencias que durante estas décadas habíamos ganado, pero que no se habían cumplido. El 2013 la Comisión declaró admisible nuestra denuncia y luego vino un proceso largo en el que el Estado pidió diversas prórrogas hasta que finalmente en 2019 dicha comisión estimó que no había disposición por parte del Estado de Chile y sometió el caso antes la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a diferencia de la Comisión, funciona como un tribunal. Y eso es lo que estamos esperando ahora. Esa sentencia. La audiencia pública fue el 31 de mayo y el 1 de junio recién pasado”.

Cuando tomaste estos casos por primera vez en el ’91, ¿pensaste que treinta años después seguirías en lo mismo?

No sé cómo llegamos hasta esta fecha. Llevamos treinta años peleando por esto, en diversos lugares del país: Vallenar, Chañaral, Parral, Cauquenes, Castro y Pelluhue son algunas de las localidades que he recorrido acompañando a los profesores. Son 848 personas las que tomamos nosotros, pero es una mínima parte de los más de 80 mil profesores en el país. Lamentablemente solo un grupo muy pequeño ha podido llegar a esta instancia.

¿Qué sentimientos tienes a la espera de la sentencia?

La misma que los profesores; felicidad e incredulidad, porque lo que se debe es mucho. Aunque acá no se trata solo de dinero, tiene que ver más con un tema de derechos.

¿Algo simbólico?

Obviamente queremos que se les pague lo que se les debe, pero también que se reconozca su valor en la sociedad. Si ganamos en la Corte Interamericana va a ser un hito, el hito más importante de la Deuda Histórica y seguramente abrirá puertas para poder realizar alguna acción respecto de los otros profesores del país para negociar políticamente sobre su trabajo y el valor que se le da. Hay profesores ilustres que hicieron mucho por este país y que fallecieron sin recibir lo que era de ellos; hay muchos que hoy tienen más de 80 años, así que es urgente que se resuelva.

Estamos en un momento histórico, la posibilidad de cambiar la Constitución y con ella la situación de los profesores y el sistema educacional en el país ¿Te da esperanza?

Sí, por supuesto. Es también la posibilidad de reivindicar el trabajo de los docentes, poniéndolo en su lugar. Ellos forman seres humanos, intervienen desde los primeros años hasta la adolescencia y mayoría de edad. A veces comparten más con los niños que sus propios padres, y estos niños aprenden en su aula lo que no han aprendido en la casa. Entonces contar con profesores motivados y bien remunerados es fundamental para tener un buen sistema de educación en el país.

¿Cuál crees que será la resolución de la corte?

Yo quiero que ganemos, obviamente, pero si me tuviera que ir hoy, me iría satisfecha de lo que hemos hecho. Aunque lo más probable es que nos vaya bien. Desde que me enfermé hace dos años, comparto mas que nunca la necesidad de que ocurran las cosas a tiempo. Muchos profesores han fallecido esperando, desde que metimos el caso a la corte ya han fallecido 24. Para mí sería maravilloso que ganemos, poder decirles a los que están que lo logramos. Sería algo muy grande. Y también sería un logro personal, podría terminar mis días con la sensación del deber cumplido.

Link La Tercera

https://www.latercera.com/paula/alexandra-orrego-y-su-lucha-por-terminar-con-la-deuda-historica-hay-profesores-ilustres-que-hicieron-mucho-por-este-pais-y-que-fallecieron-sin-recibir-lo-que-era-de-ellos/#

AQUI NO HAY REPARACIÓN
Y MENOS JUSTICIA

Link al Podcast Rat Pack de Mesa Central

https://tele13radio.cl/?msvid=61c313d865c0466db08c289d

Dos años después, el caso podría volver a repetirse, pero -esta vez- en favor de 20 mil docentes. Ya se concretó la admisibilidad en la Comisión Internacional de Derechos Humanos, sin embargo, quien representa a los profesores, el abogado Ciro Colombara, inició conversaciones con el Ejecutivo para frenar que la causa llegue a la corte y así evitar la judicialización del caso.

La primera de estas reuniones se concretó el martes 13 de junio, donde Colombara se reunió con Enrique Moreno, abogado que inició el caso junto a Roberto Garretón, y Tomás Pascual y Óliver López, de la Dirección de Derechos Humanos (DD.HH.) del Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE.).

La cita fue solicitada por Colombara, donde pidió abrir un procedimiento de “solución amistosa” con el Estado de Chile para lograr un acuerdo ahora, y así evitar que el caso se dilate en la corte, lo que afectaría a la mayoría de los demandantes, dada su avanzada edad. Además, al haber jurisprudencia por el caso del 2021, lo más probable -creen- es que se logre una condena millonaria, afectando las arcas fiscales.

El abogado explicó que estas conversaciones buscan “ver fórmulas de que avance con mayor celeridad ante la Comisión Interamericana (…) y también manifestar la voluntad de avanzar en un acuerdo con el Estado que signifique compensar a los profesores y profesoras de manera más pronta”.

Enrique Moreno, por su parte, agrega que “durante el tiempo transcurrido se han presentado los antecedentes necesarios para demostrar lo justo de la denuncia, obteniéndose la admisibilidad de la denuncia en dicha sede”.

El contexto

El caso, además, se da en un momento clave: en su cuenta pública, el Presidente Gabriel Boric condicionó el pago de la denominada “deuda histórica” a la aprobación de la reforma tributaria.

“Debo ser muy sincero y responsable: el Estado de Chile no tiene ahora los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esta reparación, y por eso necesitamos de la reforma tributaria. De aprobarse esta, inmediatamente presentaremos un proyecto para cumplir con este compromiso. Invito a esta sala a ser parte de este noble y necesario gesto de reparación”, señaló el Presidente en su cuenta pública del 1 de junio.

Esto generó la molestia del Colegio de Profesores, quienes el día después del discurso presidencial, su representante, Carlos Díaz, dijo que el gremio estaba “decepcionado” y con mucha “frustración” por cómo se ha tratado el tema en el Ejecutivo.

Alexandra Orrego, directora ejecutiva Acción Pro Justicia, y quien ha coordinado el trabajo entre los profesores y los equipos de abogados, señaló que tienen “estadísticas de que más del 20% de los profesores demandantes ya se encuentran fallecidos y un 25% adicional tienen más de 80 años edad. La mortalidad va aumentando año tras año de forma casi exponencial y en pocos años más habrá fallecido cerca de la mitad del profesorado involucrado en la ‘deuda histórica’ que tiene una data del año 1981. Es decir, es un reclamo que ha cumplido 42 años de existencia. Por eso, creemos que lo ideal sería llegar a un acuerdo pronto”.

Por ahora, el equipo jurídico que representa a los docentes espera una pronta solución a un caso que ha trascendido las administraciones del Estado y que es sindicado como prioritario para un gremio que está en constante tensión con el gobierno.

Fuente: latercera.com

https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/profesores-y-cancilleria-buscan-acuerdo-para-frenar-judicializacion-internacional-de-la-deuda-historica/QKXH63MDNBHTTBRCBBUVGGC73U/

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente al Estado de Chile por las violaciones a diversos derechos en perjuicio de 846 docentes de las comunas de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes, en el marco de la presentación hecha por maestros afectados por la denominada “Deuda histórica” con los profesores.

Esto tras siete meses desde los alegatos finales en mayo pasado, en el marco de un proceso que lleva casi 16 años en el sistema internacional de justicia.

Solo 660 de los 846 profesores que recurrieron al tribunal internacional siguen con vida. El resto falleció esperando que Chile cumpliera fallos judiciales que ordenaban los pagos adeudados.

La corte concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y a la propiedad de los docentes, así como del deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores.

En razón de estas violaciones, el tribunal internacional ordenó diversas medidas de reparación al Estado de Chile, entre ellas, que deberá pagar directamente a las víctimas del caso o a sus derechohabientes, las sumas todavía debidas en tres tractos anuales, empezando a contar el primer tracto en el plazo de un año de notificada la sentencia.

El caso se origina en la década de los ochenta, tras el traspaso de las escuelas y liceos públicos a los municipios. Por medio del artículo 40 del Decreto Ley 3.551 se creó una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación a contar del 1 de enero de 1981. No obstante, los profesores y profesoras que fueron transferidos del Estado central a las municipalidades no recibieron esta asignación, dando así origen a la deuda. Según el Colegio de Profesores, más de 13 mil maestros fallecieron esperando una reparación.

Los docentes fueron representados por los abogados Ciro Colombara y Giampiero Fava quienes patrocinaron la demanda contra el Estado de Chile por el incumplimiento de 13 fallos judiciales ejecutoriados entre 1993 y 1997 que ordenaban el pago. Alexandra Orrego fue quien estuvo a cargo de reunir a los docentes que decidieron demandar. La cifra de asignaciones impagas alcanza los $72 mil millones.

“Durante estos casi 30 años han muerto el 20% de ellos. Son adultos mayores, golpeados por pensiones miserables y, hoy día, por la pandemia. Son ciertamente un grupo vulnerable”, explicó el abogado Ciro Colombara. 324 profesores tienen entre 70 y 79 años de edad y 146 tienen más de 80 años.

El profesional afirmó que “hubo mala fe del Estado, nunca hubo voluntad real de avanzar en un acuerdo. Incluso, en la etapa final el Estado pidió prórroga para hacer un planteamiento a los docentes, lo que nunca hizo. Y cada día y mes fallecían peticionarios”.

Por su parte, el abogado Giampiero Fava indicó que “el incumplimiento de las sentencias es un hecho grave en un Estado de Derecho. Y en este caso se debe exclusivamente a la falta voluntad del Estado de Chile para proveer los recursos necesarios a fin de remediar esta injusticia”.

A su vez, Orrego aseveró que “es una violación flagrante del debido proceso por plazo razonable, propiedad de las víctimas y la protección judicial esta. Los profesores y profesoras han sido hasta ahora espectadores de los hechos porque por mucho tiempo vieron como el poder dictatorial alteró dramáticamente la forma de administración de la educación y ahora ven como el Estado democrático deja de restituir los montos que le fueron sustraído hace más de 40 años”.

“Hoy, por fin, podemos decir que hay un avance, pero no una victoria, pues lamentablemente tuvimos que recurrir a tribunales internacionales para que Chile cumpla con su deber”, concluyó.

Entre las medidas de reparación ordenadas se establece además que el Estado deberá publicar el resumen oficial de la sentencia en el Diario Oficial y un diario de amplia circulación nacional, publicar la sentencia en su integridad en un sitio web oficial del Estado y realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del caso.

Asimismo, como garantías de no repetición, deberá crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización a los operadores judiciales sobre el acceso a la justicia de las personas mayores.

Fuente: latercera.com

https://www.latercera.com/nacional/noticia/deuda-historica-corte-interamericana-de-ddhh-falla-a-favor-de-846-profesores-y-declara-responsable-internacionalmente-al-estado-por-violaciones-a-diversos-derechos-de-docentes/6AKSO2P5UNCWBJRLHD2K4HERFY/

En aquella ocasión, los profesores no recibieron el traspaso de las asignaciones a sus remuneraciones por el cambio a la educación municipal, con lo que los docentes quedaban sometidos al Código del Trabajo.

En consecuencia, la corte concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y a la propiedad de las personas docentes, así como del deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores.

En total, son 846 docentes los que recurrieron a la CIDH, quienes trabajaban para las municipalidades de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes.

“El Estado deberá pagar directamente a las 846 víctimas o a sus derechohabientes, las sumas todavía debidas en tres tractos anuales, empezando a contar el primer tracto en el plazo de un año de notificada la sentencia. Para el pago de estos tractos se debe tomar como base los montos establecidos en la lista, los cuales deberán actualizarse a la fecha efectiva de su pago”, dice la sentencia.

En el documento se detalla que los montos adeudados a los docentes van desde dos millones de pesos los más bajos hasta 283 millones de pesos.

En aquella ocasión, los profesores no recibieron el traspaso de las asignaciones a sus remuneraciones por el cambio a la educación municipal, con lo que los docentes quedaban sometidos al Código del Trabajo.

En consecuencia, la corte concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y a la propiedad de las personas docentes, así como del deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores.

“El Estado deberá pagar directamente a las 846 víctimas o a sus derechohabientes, las sumas todavía debidas en tres tractos anuales, empezando a contar el primer tracto en el plazo de un año de notificada la sentencia. Para el pago de estos tractos se debe tomar como base los montos establecidos en la lista, los cuales deberán actualizarse a la fecha efectiva de su pago”, dice la sentencia.

En el documento se detalla que los montos adeudados a los docentes van desde dos millones de pesos los más bajos hasta 283 millones de pesos.

El caso se origina en el contexto de la dictadura militar en Chile, cuando la administración de la educación pública fue traspasada desde el nivel central a las municipalidades del país. Esta municipalización implicó que el personal docente quedaba sometido al Código del Trabajo y se regirían por las normas aplicables al sector privado, explica la misma CIDH.

Por medio del artículo 40 del Decreto Ley No. 3.551, se creó una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación Pública, a contar del 1 de enero de 1981. No obstante, los profesores y profesoras que fueron transferidos del Estado central a las municipalidades, no recibieron esta asignación, dando así origen a la denominada “deuda histórica” del magisterio.

Sin embargo, la situación fue desigual, ya que algunas personas docentes continuaron recibiendo esta asignación luego de su traspaso a las municipalidades, gracias a convenios con las mismas municipalidades o al reconocimiento de que estas sumas formaban parte de su remuneración.

Fue a partir de 1990, que los profesores y profesoras pudieron iniciar demandas judiciales para el pago de esta asignación. En el marco de trece procesos entablados contra las municipalidades de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes, se dictaron sentencias en firme que reconocían el pago de la asignación especial a las 846 personas docentes víctimas en este caso.

Fuente: t13.cl

https://www.t13.cl/noticia/nacional/deuda-historica-profesores-cidh-reconoce-responsabilidad-del-estado-chile-21-12-2021

A casi dos años de iniciado este caso en la sede judicial con asiento en San José, Costa Rica, este martes se hizo público el fallo que acreditó las vulneraciones del Estado chileno a los derechos a las garantías judiciales, a la propiedad y a la protección judicial, garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La denominada “deuda histórica” se originó en el contexto de la dictadura de Pinochet, cuando la administración de la educación pública fue traspasada desde el nivel central a las Municipalidades del país. Este proceso implicó que el personal docente quedaba sometido al Código del Trabajo y se regirían por las normas aplicables al sector privado, por lo que no percibieron una asignación especial no imponible para el profesorado dependiente del Ministerio de Educación, que regiría a contar del 1 de enero de 1981.

La Corte, no obstante, puntualiza que “la situación fue desigual, ya que algunas personas docentes continuaron recibiendo esta asignación luego de su traspaso a las Municipalidades, gracias a convenios con las mismas Municipalidades o al reconocimiento de que estas sumas formaban parte de su remuneración”.

En este marco, a través de un comunicado en que da cuenta del fallo, la instancia expone que, “en particular, la Corte consideró que los procesos de ejecución de las sentencias dictadas en firme en favor de los 846 profesores y profesoras que condenaban a las Municipalidades al pago de una asignación especial, resultaron irregulares e ineficaces”.

“Asimismo, tomando en cuenta que las víctimas son todas personas mayores de 60 años y que un quinto de entre ellas falleció, esperando por más de 25 años la ejecución de estos fallos, el Tribunal consideró que el Estado desconoció su deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores y la celeridad en los procesos en los que participa esta población en situación de vulnerabilidad”, complementa.

Por ello, la CorteIDH ordenó al Estado el pago efectivo de las sumas adeudadas a las víctimas por concepto de “restitución”. Los montos “deberán actualizarse a la fecha efectiva de su pago tomando en cuenta el reajuste del IPC determinado por el Instituto Nacional de Estadística entre el 31 de julio de 2020 y el momento en que efectivamente se realice el pago y la tasa de interés máxima permitida para operaciones reajustables a partir de esa misma fecha”, fijó.

“Esta sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación”, enfatizó.

Fuente: Cooperativa.cl

https://cooperativa.cl/noticias/pais/educacion/profesores/corteidh-condeno-al-estado-de-chile-por-la-deuda-historica-contra-los/2021-12-21/160141.html